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Si de ‘conducta impropia’ se trata…
MIRIAM CELAYA | La Habana | 26 Jul 2013 – 11:01 am.

El Gobierno hace campaña por la ‘pérdida de valores éticos y morales’ en
la sociedad. ¿Pero qué hay de la grosería de entrar en arreglos
armamentistas con la dictadura norcoreana?

El título alude a un memorable documental que, con seguridad, muchos
cubanos de todas partes hemos visto, basado en el descarnado testimonio
de quienes sufrieron la arbitrariedad y el terror implantados por el
castrismo en la purga desatada unos cuarenta años atrás. Conducta
impropia fue una ilegal figura delictiva establecida por el régimen
castrista en las décadas del 60 y el 70 del pasado siglo para reprimir
lo que oficialmente se consideraran desviaciones sexuales
(homosexualidad, “blandenguería”), diversionismo ideológico o todo
aquello que pudiesen interpretar las autoridades como políticamente
incorrecto. Bajo esa etiqueta fueron presos, defenestrados, enviados a
campos de trabajos forzados o sencillamente pasados al insilio,
numerosos intelectuales, artistas y gente común y corriente.

En su mayoría las víctimas anónimas de esa cacería que se erigió como
política de Estado fueron hombres, por cometer el grave delito de usar
melenas largas, pantalones demasiado estrechos, no incorporarse a las
“zafras del pueblo” o preferir cierto tipo de música, entre otros. Nadie
escapaba del riguroso escrutinio de la Inquisición verde olivo y de sus
celosos comisarios; cualquiera podía caer en desgracia ante los rígidos
parámetros revolucionarios.

Con el tiempo, la represión se mantuvo, pero cambiaron los métodos. Algo
de lo que antes fuera condenado pasó a ser tolerado y actualmente los
esquemáticos guerrilleros se han visto obligados a asumir nuevas poses y
hasta a aceptar ciertas diferencias. Sin pedir disculpas por los daños
causados, sin admitir aquella persecución sin precedentes ni el atentado
contra derechos elementales de las personas libres, ahora ese mismo
gobierno simula estar al frente de la defensa de esos derechos, y para
demostrarlo promueve campañas, realiza eventos y hasta organiza marchas
y festivales.

Sin embargo, a raíz del discurso pronunciado por el general-presidente
en la reciente sesión de la Asamblea Nacional, en el que anunció una
cruzada contra la grosería y las indisciplinas sociales y señaló la
“pérdida de valores éticos y morales” que se ha enraizado en la
sociedad, vuelven a correr aires de censura por nuestras calles. Algunas
personas aseguran que ya se están aplicando multas a quienes profieran
“malas palabras” o mantengan actitudes groseras en lugares públicos, que
suban a los ómnibus por la puerta de atrás o no paguen su pasaje, que
escandalicen y molesten a los vecinos, que arrojen basuras y escombros
en la vía, etc. Lo cual, en principio, no estaría del todo mal si no se
tratara en realidad de una campaña más, si hubiese algún cubano libre de
todos estos pecados como para multar a los pecadores, o si al aplicar
las medidas no se incurriese, a la vez, en la vulneración de otros
derechos ciudadanos.

Por ejemplo, días atrás un adolescente habanero, que aquí llamaré
Daniel, residente en el municipio Cerro, regresaba a su casa después de
su acto de graduación de enseñanza secundaria. Con el desparpajo y la
peculiar idea de libertad propios de su edad, sintiéndose ya sin
compromisos con la escuela y bajo el sol inclemente del verano, había
subido, doblándolas hasta sus rodillas, las perneras de su feo y ya
desvaído pantalón de uniforme amarillo, y traía la camisa medio abierta
por fuera del fajín. Despreocupado, caminaba concentrado en la música de
los audífonos atronando en sus oídos, por eso lo tomó de sorpresa un
hombre que lo detuvo bruscamente en plena vía y, lleno de autoridad,
tras exigirle apagar la música y sacarse los audífonos, le ordenó
bajarse inmediatamente las perneras del pantalón.

De momento, Daniel dudó si el sujeto estaría en su pleno juicio, así que
le preguntó quién era y por qué debería hacer lo que le ordenaba. El
individuo entonces se identificó, no por su nombre y apellidos, sino
como “inspector de menores”, lo acusó de estar usando incorrectamente el
uniforme, “un símbolo de la Patria que le había entregado la Revolución”
y que por esa causa sus padres podían ser multados y él retenido en un
“centro de atención a jóvenes con conductas inadecuadas”.

Sin dejarse impresionar demasiado, Daniel le explicó que ya ese no era
su uniforme porque, de hecho, estaba regresando de su graduación de
secundaria, así que no tendría que usarlo más; que ya iba para su casa y
tenía mucho calor después de permanecer largo rato parado al sol en el
patio de la escuela oyendo los obligados discursos antes de obtener su
diploma, y que él tenía entendido que los símbolos patrios eran la
bandera cubana, el escudo nacional y el himno de Bayamo, y no un viejo
pantalón que —para más señas— no se lo había dado ninguna revolución
sino que se lo había comprado su madre a sobreprecio en el mercado
subterráneo, cuando ya no le sirvió más el que “le tocaba por el cupón”
en el curso anterior. El hombre persistió en sus amenazas, le exigió su
carné de identidad y hasta trató de retener a Daniel por el brazo, ante
lo cual el adolescente se sacudió y, ya seriamente asustado, echó a
correr hasta su casa.

El hecho, rigurosamente cierto, se basa en el testimonio directo del
jovencito y de su familia. Pero en realidad, lo importante aquí no es
dirimir simplemente si Daniel actuaba de manera correcta o no. Durante
muchos años ha sido costumbre entre nuestros adolescentes que se gradúan
de diferentes niveles de enseñanza realizar esta especie de rito de paso
en el que se desacraliza el viejo uniforme, considerado por ellos —y por
generaciones anteriores, ya no tan jóvenes— un símbolo del control que
ejercían las instituciones educacionales sobre sus vidas. Es apenas un
inocente acto de rebeldía propio de esas etapas de la vida que se
traduce en disímiles formas de expresión: desde hacerse estampar sobre
las camisas las firmas de los compañeros de clases hasta la rotura
intencional del uniforme en tiras que dejan colgar sobre sus cuerpos,
sin mayores consecuencias.

De lo que se trata aquí, en esencia, es de que ningún funcionario o
agente del Gobierno puede tener la autoridad de coaccionar a un menor,
sea en privado o en la vía pública, trasgrediendo tanto el derecho de
ese adolescente como el de sus padres y demás familiares adultos. La
gravedad del hecho es que, con otros matices y en otro escenario, aquí
se repiten la impunidad oficial y la indefensión ciudadana, a contrapelo
de los supuestos “cambios” que pregona el Gobierno, lo que debería
disparar de inmediato las alarmas en la sociedad.

Y ya que de multas y de castigos se trata, el Gobierno no está en
condiciones de tensar la cuerda. Es a los cubanos a quienes
correspondería analizar por estos días qué medidas tomar por la
incalificable grosería gubernamental de entrar en arreglos armamentistas
con esa otra dictadura del planeta, la norcoreana, engañando al pueblo
cubano y ofendiendo al mundo civilizado y a las organizaciones
internacionales de las cuales somos miembros. Castro II debe explicar
esta y otras muchas violaciones que delatan la falta de valores éticos y
morales del Gobierno antes de pretender aplicar medidas coercitivas
sobre sus “gobernados”.

Habría que incluir también en el análisis la responsabilidad directa de
medio siglo de abuso totalitario en la pérdida de ética y de valores
morales de la sociedad, sin mencionar la violación sistemática de los
derechos ciudadanos a lo largo de todo ese tiempo. Lástima que este
mismo gobierno nos haya privado también, con la supresión de las
instituciones cívicas, de las herramientas con las cuales pedirle
cuentas y hacerle obedecer. Sin dudas, ya está siendo hora del inicio de
verdaderas reformas en Cuba, comenzando por las políticas.

Source: “Si de ‘conducta impropia’ se trata… | Diario de Cuba” –
http://www.diariodecuba.com/cuba/1374829289_4389.html

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